La causa por los destrozos y el incendio a Tribunales el pasado miércoles 7 de noviembre quedó en manos del fiscal general subrogante Héctor Aberásturi, quien puso a cargo de la investigación al fiscal adjunto Oscar Blanco.

Tras la formalización en Trenel, Blanco se abocó a la recolección de pruebas de cargo para imputar delito a los detenidos.

Pero con el paso de los días, Blanco recibió sólo un testimonio de un trabajador judicial que observó a uno de los acusados arrojar una bomba Molotov hacia el Palacio de Justicia.

Eso fue todo. Ni los demás trabajadores judiciales ni uno solo de los uniformados que esa noche se encontraban de guardia en los tribunales pudieron aportar datos que permitieran imputar a alguno de los detenidos.

“Llamó la atención que ninguno de los uniformados pudiera declarar que reconoció a alguno de los atacantes”, dijo una fuente a este diario digital. “Nadie vio nada”, cerró, desesperanzado, el informante.

Por esta causa fue que la justicia y la policía se dirigieron a los medios de prensa reclamando el envío de fotografías no publicadas para tratar de identificar en las fotos a los agresores.

Sólo un medio respondió a esa convocatoria. La inmensa mayoría de los medios de prensa le respondió a la justicia que las fotos sobre ese tema estaban publicadas y que no es función de la prensa entregar el material que quedó afuera de las ediciones.

La justicia entendió la actitud de la prensa y finalmente desistió del pedido. Los uniformados que no vieron nada ni pudieron identificar a nadie le terminar de poner la tapa al caso. fuente maracodigital.net