El bloque del Partido Justicialista presentó el miércoles dos proyectos para trabajar en la defensa de los derechos y garantías de los inquilinos en las locaciones que tengan un destino de vivienda familiar.

El proyecto de más importancia propone la creación de una Oficina de Defensa del Inquilino (ODI), como organismo del Estado provincial, cuyos objetivos serán los de asesorar a los inquilinos actuales y futuros sobre la defensa y protección de los derechos y garantías tutelados por nuestra Constitución Nacional, Constitución Provincial y demás leyes nacionales y provinciales que los amparen en los alquileres de inmuebles. Además velar por la equidad en la relación entre locador y locatario y establecer y accionar todos los dispositivos y mecanismos que considere necesario, a los fines de generar equilibrio en la relación de locación urbana.

El proyecto fue firmado en pleno por los quince legisladores del PJ que consensuaron su articulado y que será impulsado pronto. Y tiene como antecedente otra iniciativa del diputado José Calvo que había presentado a comienzos de año para su tratamiento en la Legislatura y contemplaba un mayor control sobre los alquileres en la provincia. A partir de ese momento sus pares realizaron contribuciones para la nueva iniciativa que fue avalada por todos reactualizando ese primer proyecto.

En los fundamentos del proyecto los diputados justicialistas manifestaron que "existe una demanda constante por parte de la población pampeana y es necesaria una pronta solución para aquellos que aunque no tienen techo propio, tienen pleno derecho a una vivienda digna y a condiciones de contratación justas y equilibradas".

La otra iniciativa presentada en la Legislatura es un proyecto de resolución en el que se solicita a los senadores y diputados nacionales por La Pampa que propongan en el Congreso , un nuevo marco normativo para la regulación de los alquileres con destino de vivienda única familiar, en relación con la protección del abuso que alguna de las partes efectúe respecto de la otra en las cláusulas contractuales, y encomendar a las legislaturas provinciales facultades sancionatorias y de contralor respecto de esas conductas.

Los quince diputados indicaron que "ambos proyectos se elaboraron en forma conjunta con quien sería la autoridad de aplicación, que es la Dirección de Comercio Interior y Exterior, dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y Pymes, del Ministerio de la Producción de la provincia de La Pampa".