El Gobierno nacional consideró que, más allá de la polémica, corresponde que ese grupo de personas reciba la segunda dosis y termine el proceso.

La recomendación médica en estos casos es continuar con la vacunación. Pero también se evaluó que alguno de los inoculados podrían hacer un juicio contra el Estado argentino, ya que la vacuna fue aplicada en una dependencia oficial y por trabajadores estatales.

Fuente Cadena 3
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