A medida que el virus de covid fue sumiendo a todos los países en una crisis del año pasado, los expertos de la ONU en materia de detención, la Organización Mundial de la Salud y activistas de derechos humanos instaron a los gobiernos a que se apresuren a reducir sus poblaciones de prisioneros. Diversos tribunales -principalmente de la Provincia de Buenos Aires- dispusieron el arresto domiciliario de detenidos con el objetivo de reducir la sobrepoblación carcelaria y evitar la propagación del virus dentro de los penales
Después de la liberación defensores reclamaron y jueces otorgaron salidas para presos que quedaron sin controles oficiales.
Hoy nadie sabe dónde están.
La Justicia y el Gobierno no tenían los recursos para conocer el destino de cada procesado o imputado. Aún hay 168 presos que fueron liberados por el Covid y que nadie sabe dónde están