En la zona norte de La Pampa hay 22 personas condenadas por abusos sexuales, cumpliendo su condena en diferentes sedes policiales o alcaidías. Sólo uno de ellos está con prisión domiciliaria, debido a cuestiones de salud o de edad avanzada. Pero otros tres están en libertad hasta que la sentencia quede firme, y otros ocho fueron beneficiados con la libertad condicional, porque ya cumplieron parte de su tiempo en prisión.
Así surge de los datos obtenidos ayer por La ARENA en los tribunales de General Pico, donde ingresan todas las causas de la Circunscripción Judicial II.
Según se pudo saber, cada uno de los imputados que está en libertad condicional o asistida debe cumplir con las disposiciones que el magistrado interviniente imponga. Ya sea algún tipo de tratamiento médico o psicológico, o la presentación periódica para determinar su paradero y cumplimiento del beneficio recibido.
En La Pampa, el Patronato de Liberados tiene sede únicamente en Santa Rosa. Por lo cual los condenados o procesados por los tribunales piquenses deben presentarse en esta ciudad ante el Juzgado de Paz o, si hay una solicitud explícita, en la sede de tribunales. Esas presentaciones son documentadas y elevadas al Patronato de Liberados.
Además, según afirmó una fuente judicial, los abogados defensores oficiales o privados deben seguir el caso de aquellas personas que son liberadas de forma condicional o asistida. Pero por falta de personal y de recursos, una vez que una persona es beneficiada con la libertad asistida, condicional o con la "probation", nadie se ocupa sobre sus comportamientos o hábitos.

El caso Janssen.
Juan José Janssen, al presunto abusador y homicida de la menor Sofía Viale (12 años), se presentaba en forma mensual en el Juzgado de Paz de General Pico. Desde la institución confirmaron que el hombre asistía una vez por mes y ese informe era elevado a Santa Rosa. De acuerdo con los datos aportados desde ese Juzgado, en el edificio de la calle 18 entre 15 y 17 se atienden a aproximadamente 50 personas que residen en esta ciudad, las cuales fueron condenadas por diferentes delitos, no sólo violaciones, y que están en libertad condicional o asistida, y que deben rubricar su paradero.
Otra fuente confiable, que tuvo acceso al expediente de Janssen, indicó que el beneficio de libertad estaba "totalmente argumentado" conforme a la legislación vigente y por lo tanto "no se puede cuestionar". Además, en ese momento la acusación contra el imputado fue sólo por abuso sexual simple, y la condena que tuvo fue acorde a ese delito.
La determinación de las penas por los delitos contra la integridad sexual depende del Código Penal de la Nación, que en su título III detalla el tiempo mínimo y máximo de prisión según las características del abuso.
La normativa, que sólo puede ser reformada desde Nación, tuvo sus últimas modificaciones en 1999. Estipula diferentes situaciones de abuso. Las penas menores van de seis meses a cuatro años.
Cuando hay diferentes agravantes como uso de arma, algún tipo de parentesco, transmisión de una enfermedad, daños físicos o mentales, entre otras, la pena va en aumento hasta llegar a los 20 años.
A los datos sobre abusadores condenados hay que sumar la gran cantidad de causas en proceso que aún no tienen una pena en cumplimiento, pero pueden ameritar la prisión preventiva de los acusados.
Una de las últimas publicaciones periodísticas acerca de la gran cantidad de violaciones en la zona norte estipuló que desde octubre hasta los primeros días de noviembre se registraron 23 denuncias por delitos contra la integridad sexual.
Conforme a datos oficiales de la Unidad Regional II y el Ministerio Público Fiscal, en la II circunscripción judicial los casos representan un total de 26 víctimas fuente diariolaarena.com.ar