"Carlos, este tipo no puede estar a cargo de la policía. Esto ya fue demasiado". Esas fueron las palabras, más o menos, con las que un integrante del gabinete le advirtió al gobernador Carlos Verna sobre el ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno, y los costos políticos del crimen del cazador a manos de un policía en la zona de Lonquimay. Uno de los pocos con la confianza, y el uso de la prudencia necesaria, para hablar del tema con el mandatario. El resto del gabinete provincial no lo banca a su par, salvo algún caso aislado, una de las coincidencias casi unánimes en un espacio en el que reinan las diferencias personales. Una muerte es un hecho irrebatible de la realidad. No tiene justificación alguna, y menos política.

Las voces en el PJ, antes apaciguadas ante la designación de Tierno, como ocurre con los ministros, empezaron a levantarse la semana pasada contra el ministro. Como ocurrió en la Legislatura, en donde varios miembros de la bancada del PJ adelantaron que iban a votar a favor de la interpelación. El PJ habilitará esa instancia, aunque no franqueará el paso para un juicio político. Esa definición tiene el guiño de Verna. La vía legislativa, ¿pretende descomprimir la situación, marcarle la cancha al funcionario, trasladarle la responsabilidad de cualquier decisión a los diputados propios? Lo cierto es que no tiene efectos prácticos.

A Tierno se lo responsabiliza políticamente por la muerte del cazador. El arma la disparó el policía, y pudo ser por inexperiencia, susto o rencores guardados, pero el marco en el que ocurrió el hecho da cuenta de un clima institucional planteado con la llegada del ministro. Tierno ha arengado -y no solo por la grabación en la que pide disparar primero al aire y luego a la cabina, que es anterior a su asunción- a los uniformados a favor de un mayor disciplinamiento social. En la fuerza están quienes por inexperiencia o convencimiento asumen ese discurso y lo llevan a la práctica, y quienes advierten sobre sus consecuencias. Los que ya tuvieron que vivir su primer paso como ministro saben de las consecuencias que trae aparejada esta política. Las sociales, pero sobre todo personales, que recaen sobre policías. Condenas por abusos, juicios civiles perdidos por procedimientos nulos, sumarios administrativos y hasta alejamientos. La bajada de línea del ministro se complementa con directivas en las que se controla el trabajo diario de los efectivos. La tensión se siente.

La película que está sucediendo en este momento, ya se vio hace casi ocho años. Quienes consideran que con la sola presión, Tierno va a ser expulsado del gobierno, incurren en un error de cálculo. Verna es insondable en sus decisiones, y maniobra con el poder puro y duro. Lo designó con la desaprobación de la mayoría de los dirigentes del PJ y, analizan desde el gobierno, lo seguirá sosteniendo. Más allá del acuerdo electoral que lo llevó a su cargo, el gobernador está convencido de que se debe seguir esa política de seguridad. Su aplicación en la calle llega en muchos casos a abusos y excesos por parte de quienes la deben poner en práctica, como dijimos. Pero también hay un consenso soterrado de parte de la sociedad hacia esa línea de acción. Un medio santarroseño tuvo que moderar su cobertura periodística por los constantes mensajes de su público a favor del ministro y el autor de la columna estuvo en dos reuniones de productores agropecuarios en las que respaldan la lucha contra el abigeato, si bien en todas se repudió la muerte del cazador.

La otra parte de la sociedad, la que también vio la película y sabe cómo va a terminar, es la que protagonizó una marcha en Santa Rosa, que sumó unas 500 personas según Diario Textual. La movilización, no tan numerosa como se esperaba, reclamó la remoción de un funcionario icónico en la promoción de la "mano dura" y el cese del rumbo actual de la política de seguridad. Pensar que con ese hecho solo se puede remover un funcionario, es pecar de confianza. A Verna lo golpeó la muerte del cazador, y para colmo en medio de una neumonía persistente. Sin embargo, como se dijo, en el vernismo se afirma que la marcha no fue masiva ni popular, y eso le pudo dar un aval no esperado a la permanencia del cuestionado ministro.

El camino legislativo tampoco es fácil en ese sentido: si el juicio político no prospera, será un costo político que asuma el PJ, pero mantendrá a Tierno en su lugar. La interpelación sólo le lavará la cara. Situaciones que funcionarán como otro aval.

Verna podría removerlo y sacarse un problema de encima, aunque eso le reste adhesiones. No lo hará ahora, se analiza en Casa de Gobierno, porque no hay presión que valga cuando el mandatario está convencido. Dejarlo en su puesto también sería avalar un procedimiento y una política en materia de seguridad. Los policías convencidos se podrán cuidar más ante las consecuencias judiciales, pero el responsable político de la muerte quedará liberado de culpas.

Hay otra parte de la película que ya hemos visto. Tierno continuará en el gabinete, pero es una bomba de tiempo esperando a estallar de lleno en el gobierno. Tarde o temprano, los costos de tenerlo serán mayores a los de separarlo.