La Justicia ordenó el desalojo de una madre y su hijo de 5 años de una casa del IPAV en la que habitaba desde el mes de octubre del año pasado. El adjudicatario -que el año pasado alquilaba la vivienda a pesar de ser deudor del orgasnismo y fue denunciado por otra vecina- vivía en Mendoza, pero regresó para el desaolojo realizado con un enorme despligue policial.

La casa de la controversia es la ubicada en Varela y Pasaje Pico, del barrio FONAVI 25. Es la casa 139.
Yoana Agüera (con sus muebles y sus pertenencias en el galpón de la casa de su madre) relató que “vivo en esta casa desde el 21 de octubre. Estaba desocupada. Esa casa estaba alquilada, pero el dueño era otro”. En rigor, se trataba del adjudictario Walter Carrasco.

“Fuí al IPAV y dije que estaba ocupando esta vivienda. Me dijeron que no me podía desalojar”, explicó Yoana. En esa misma consulta se enteró que de las 300 cuotas, Carrasco habría pagado solo dos cuotas. También en el organismo sabían que Carrasco alquilaba la vivienda: otra vecina lo había denunciado.

Pero solo bastó una denuncia del inquilino para que se iniciara la causa. Estuvo a cargo de la fiscal María Cecilia Martini. “Fui a tres o cuatro audiencias. Estaba la fiscal nada más. Carrasco nunca se presentó”, contó la joven de 22 años. Además está desocupada a cargo de su pequeño: cobra la tarjeta alimentaria y la asignación univesal por hijo, que a veces no percibe cuando el padre (quien reconoció al hijo pero no tiene vínculo) tiene alguna changa en blanco.

Yoana Agüera les avisó a las autoridades del IPAV y a las asistentes sociales de la Municipalidad la fecha del desalojo. Pero nadie apareció ni le brindó una salida. La maquinaria burocrática funcionó para llegar a su desalojo. La orden de desalojo la firmó la jueza Mónica Rivero.

A la hora del desalojo, la Policía llegó con tres o cuatro patrulleros y cerca de quince policías, armados con escopeta Itaka, cascos y chalecos antibalas. “Me fui enseguida. Tuve que sacar todo a la calle. No sé que pesaban que eran qué”, dijo Yoana con bronca. Su pequeño hijo también padeció el desalojo y el movimiento inusual.

Carrasco tiene su residencia en Mendoza. Allí estudian sus hijas. Pero curiosamente las dejó en esa provincia y apareció para asegurar el desalojo. Es impensable que la jueza y la fiscal ejecuten un desalojo sin restituir al ocupante. Además le facilitaron en el IPAV regularizar su deuda con el organismo.
Pero Walter Carrasco es muy sincero. “A mí me lo dijo claro. Si tenía 80 mil pesos me vendía la casa. Pero de donde saco esa plata...”, afirmó Yoana al borde del llanto, con la voz quebrada. eldiariodelapampa.com.ar