El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -a cargo de Julio Alak- informó que ofrece una recompensa de 2 millones de pesos en cada caso, para quienes aporten datos fehacientes que favorezcan la captura de los represores Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera, quienes se fugaron del Hospital Militar.

Al respecto, la resolución firmada por el ministro Julio Alak explica que la recompensa es por “información determinante para la detención” de cada uno de los represores condenados por crímenes de lesa humanidad.

Según señaló el Ministerio de Justicia, Olivera recibió una condena a cadena perpetua, mientras que De Marchi fue condenado a 25 años de prisión al cabo del primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en la provincia de San Juan.

Alak solicitó hoy que se investiguen en profundidad los hechos, ya que “ambos internos habían sido trasladados del Complejo Penitenciario Federal Nº II en el horario matutino hacia el hospital Militar Central, en carácter de `Tránsito`, provenientes del Servicio Penitenciario Provincial de San Juan”.

El motivo del traslado, según detalla el comunicado de esa cartera, era para cumplir con tratamientos médicos ordenados por el Juzgado Federal Nº 2 de San Juan, a cargo de Miguel Ángel Gálvez.

Luego de ser llevados a los consultorios médicos, se advirtió que los represores no se encontraban en la sala donde debían estar, según consta en la denuncia realizada ante la justicia por el director nacional del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel.

El ministro de Justicia afirmó que “los detenidos presentaban una patología que por sus características podrían haber sido asistidos en el lugar donde se encontraban detenidos (San Juan) ya que no existía riesgo de vida”.

En ese sentido, el Ministerio cumplió la resolución del juez Gálvez, aunque la calificó como “injustificada, de dudosa fundamentación y carente de racionalidad”.

El ministro Alak informó que el Director del Servicio Penitenciario Federal presentó una denuncia penal ante la justicia federal de la Capital Federal, para que se investigue en profundidad la fuga de los detenidos por crímenes de lesa humanidad Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera, desde el Hospital Militar Central.

Conforme consta en la denuncia a la que accedió Télam, “personal de Seguridad y Traslados del Servicio Penitenciario Federal había efectuado el traslado y entregado a los nombrados al personal del hospital, en la sala de atención que ese nosocomio dispone en el tercer piso para detenidos por delitos de lesa humanidad”.

El escrito presentado por el Director del SPF, Víctor Hortel, expresa asimismo que “luego de ser llevado a los consultorios correspondientes, se advirtió que los internos (el mayor retirado Jorge Antonio Olivera y el teniente 1º retirado Gustavo De Marchi) no se encontraban en la sala donde debían estar”.

La denuncia agrega que “no obstante procederse a una búsqueda exhaustiva por las instalaciones del citado hospital, la misma fue infructuosa, constatándose la evasión de ambos internos”.

Alak solicitó que se investiguen en profundidad los hechos, ya que “ambos internos habían sido trasladados del Complejo Penitenciario Federal Nº II en el horario matutino hacia el hospital Militar Central, en carácter de Tránsito al mencionado Complejo, provenientes del Servicio Penitenciario Provincial de San Juan, a efectos de cumplir con tratamientos médicos ordenados por el Juzgado Federal Nº 2 de San Juan, a cargo del Dr. Miguel Ángel Gálvez”.

El titular de la cartera de Justicia explicó también que “los detenidos presentaban una patología que por sus características podrían haber sido asistidos en el lugar donde se encontraban detenidos ya que no existía riesgo de vida. No obstante ello, esta Institución dio acabado cumplimiento a la manda judicial, la que se presenta como injustificada, de dudosa fundamentación y carente de racionalidad”.

El pedido señala que además de la investigación sobre los agentes penitenciarios que efectuaron el traslado y sobre la actuación judicial que lo motivó, se investigue también al personal del Hospital Militar, ya que el mismo no colabora operativamente ni en la adopción de recaudos de seguridad. Ante este cuadro de situación no es posible descartar que personal del mencionado hospital haya incluso prestado colaboración, toda vez que un familiar de Olivera, cumple funciones en el referido nosocomio.

Por último, el Ministro Alak hizo saber que fue inmediatamente puesto en disponibilidad y sumariado el personal penitenciario involucrado en los hechos, y recordó que “ambos condenados ya habían estado prófugos de la justicia, antes de su condena. Incluso la Cámara Federal de Mendoza, había otorgado excarcelaciones que posibilitaron su fuga en la etapa de investigación”. www.eldiariodelapampa.com.ar